La Gaceta de los Negocios
21 de septiembre de 2004


Trabajo reactiva el proyecto de Ley de Responsabilidad Social


J. Cardona.Madrid. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene previsto reactivar "próximamente" la mesa de expertos que deberán preparar el borrador de la futura ley de responsabilidad social de las empresas. La mesa se formará entre octubre y noviembre en la Dirección General de la Economía Social y tendrá un carácter tripartito, con representantes de la Administración, las ONG y los empresarios y sindicatos.

La incorporación de los agentes sociales al grupo de expertos es una de las novedades importantes de este debate, que ya se inició la pasada legislatura y que provocó la irritación de los sindicatos, excluidos del proceso de elaboración de la ley. De hecho, los sindicatos propusieron entonces elaborar un texto paralelo en el seno del Consejo Económico y Social (CES), propuesta que no llegó a producir ningún resultado concreto.

En cuanto a la representación empresarial, la CEOE se ha mostrado en el último año partidaria de evitar una regulación específica sobre la responsabilidad social de las empresas, más allá de cuestiones puntuales como la elaboración de una memoria social obligatoria para las empresas cotizadas.

Norma de Aenor

De hecho, los representantes de la CEOE paralizaron hace un año el proyecto de elaboración de una norma voluntaria de Aenor que pretendía homologar la responsabilidad social de las empresas. La entidad de certificación creó una comisión compuesta por 40 expertos -incluyendo las grandes empresas, organizaciones sindicales y plataformas de ONG- para elaborar los indicadores necesarios para establecer la norma.

Tras cuatro años de trabajos, las grandes empresas consideraron que los indicadores eran confusos y que había que cambiar la naturaleza de este trabajo (pasar de una norma a una mera guía técnicas) para evitar que sucediera con la responsabilidad social algo parecido a lo que ha ocurrido con algunas normas de calidad. Pese a ser voluntarias, han acabado por convertirse en requisitos para ciertas licitaciones, de forma que quedan excluidas aquellas empresas que no han incorporado la norma.

La postura de la CEOE ha sido citicada por las ONG que han manifestado en repetidas ocasiones la idoneidad de la norma frente al proyecto de guía.

Aunque la Administración no ha definido públicamente su posición, fuentes del Ministerio han recordado que existe una proposición de ley (10 de mayo de 2002) presentada la pasada legislatura por el Grupo Socialista que podría servir de plantilla para la redacción del borrador de ley. En ese texto se fijaba un marco jurídico mínimo para las empresas cotizadas, con la obligación de llevar al diálogo social una serie de materias relacionadas con la gestión de los recursos humanos, seguridad, salud, medio ambiente y entorno.