La Responsabilidad Social se regulará con un gran consenso

La subcomisión del Congreso prepara un documento similar al Pacto de Toledo
J. Cardona. Madrid.

El debate sobre la responsabilidad social de las empresas empieza a concretarse. Después del fiasco de la comisión creada durante la pasada legislatura, la nueva subcomisión en el Congreso ya ha diseñado su plan de trabajo para culminar este proyecto en 2005, aunque el plazo no expira hasta el próximo ejercicio, en febrero de 2006.

Según dicho plan, las comparecencias se prolongarán hasta junio, el documento resultante se redactará antes de septiembre, y será discutido con el nuevo periodo de sesiones después del verano, por lo que todo indica que los trabajos de la subcomisión concluirán a finales de 2005, según explicó el diputado de CiU y portavoz de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales Carles Campuzano durante una jornada organizada la pasada semana por EOI Escuela de Negocios.

Campuzano apuntó que los trabajos de la subcomisión podrían concluir con un documento similar al formato del Pacto de Toledo sobre las pensiones de 1995: "una foto de la situación y unas recomendaciones" de consenso entre las fuerzas políticas que sirvan como referencia durante mucho tiempo.

Ley o autorregulación

Además, la subcomisión presentará un informe en el que se determine si la solución más adecuada es la elaboración de una ley, qué contenidos podría incluir en caso positivo, en qué ámbitos se debería poner el acento o cuál es la urgencia de esta norma.

Ramón Jáuregui, portavoz socialista en la subcomisión, aseguró en este encuentro estar escuchando "con pavor" en los últimos tiempos "la reacción contra una norma" que regule la responsabilidad social de las empresas. Para Jáuregui "las normas son la política y dan un orden a la actividad empresarial", necesario ya que "el mercado no puede regular a la sociedad porque no tiene vista ni alma". El diputado socialista insistió en la necesidad de que se establezca desde la Administración una "política con mayúsculas que impulse, ponga orden y desarrolle" y que defina conceptos, como ya sucede en Reino Unido, Francia, Países Bajos o Dinamarca. "No estaríamos inventando nada", indicó.

Por el contrario, el representante del Partido Popular en la subcomisión José Eugenio Azpiroz ha mostrado sus reticencias al formato de la ley, al opinar que "no parece preciso poner un corsé normativo" a la responsabilidad de las empresas. El representante popular en la subcomisión explicó la posibilidad de que existan algunos "factores" que sí puedan ser regulados, pero que debe velarse siempre por el principio de la voluntariedad. "Si no, será cumplir la ley, no será responsabilidad", estimó.

En el mismo sentido se expresó el director de Responsabilidad Social Corporativa de BBVA, José Ángel Moreno, para quien la regulación "no es la única forma de promoción" de la responsabilidad social de las empresas. Moreno opina que, debido al carácter integral de esta materia, una norma no sería "lógica, ni normal ni posible".

En todo caso, no descartó esta posibilidad por completo, y señaló que una ley de RSC podría centrarse en algunos aspectos concretos, como la transparencia. En todo caso, en opinión de Moreno, "ya hay suficientes leyes" y debe ponerse el acento tanto en su eficacia como en su cumplimiento.

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